1.- EL ROBU LAS CAIXAS.... cun un especial eserciciu de cinismu na entrevista a Juanín V. Herrera tamién coñocíu cumu "digu blancu peru quieru decire prietu", y el que nun te d´alcuerdu cumiéu que se prepare que you nun-ye presionu peru nun-ye perdonu
2.- LA GERRA DEL AUGUA
3.- LA JUNTA NUN CUMPLE SUS OBLIGACIONES.... nun protexe´l llïonés
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1A.- El presidente de Caja España recuerda que el desarrollo del protocolo de integración corresponde exclusivamente a las cajas
04/02/2009
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Asimismo, reiteró que la última palabra sobre este proceso la tendrán sus órganos de gobierno, es decir, serán los consejos de administración y las asambleas de las distintas entidades financieras quienes tendrán que pronunciarse al respecto.
En ese sentido, Santos Llamas indicó que se adoptará una primera postura sobre el protocolo de integración en la reunión que celebrará la Federación Regional de Cajas de Ahorro el próximo viernes, 6 de febrero. "Alguna conclusión habrá", apostilló Santos Llamas tras suscribir un convenio de colaboración con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, para equipar al nuevo Centro Municipal de Mayores de Trobajo del Camino.1.B.- El protocolo de integración de las cajas recoge en un anexo la fusión en 4 años
El documento garantiza la naturaleza jurídica de las entidades de ahorro, el empleo y la obra social
Todos los agentes políticos y sociales, salvo UGT, rubrican el documento definitivo
04/02/2009 Beatriz S. Olandía
04/02/2009
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¿Era necesario abrir ahora este debate sobre el futuro de las cajas de ahorro de Castilla y León?
Mire, se trata de un debate que estaba y está abierto. Como lo está evidentemente el del futuro del conjunto del sistema financiero nacional e internacional, en un momento en el que el tamaño y la cooperación entre entidades se considera esencial a la hora de garantizar su solvencia, su actividad y su acceso a los recursos financieros. Lo que nosotros hemos hecho es proponer una respuesta, planteando un proyecto de integración concreto, posible y realista, bien orientado técnicamente y avalado por el Banco de España. Un proyecto que además es compatible con la firme voluntad que tenemos de que nuestras cajas mantengan su naturaleza, su vinculación personal y territorial, y elementos tan propios como su obra social, sus sedes o sus órganos de gobierno.
Pero ese proyecto de integración se encuentra en un momento complicado. ¿Se arrepiente de haberlo planteado?
Era nuestro deber hacerlo. Estábamos obligados a poner encima de la mesa un proyecto concreto para bajar de una vez este debate de las musas al teatro. Y a arroparlo además con el máximo acuerdo político y social, para que fuera una propuesta de todos, compartida. Pensamos sobre todo en el interés de Castilla y León, en las necesidades de sus familias y empresas, y también tuvimos presente el momento de crisis económica y financiera que estamos sufriendo. Lo reitero: este no es un debate artificial o un capricho de los políticos. Es una falta de respeto que se juegue con el sentimiento de la gente, que sin duda quiere a sus cajas, atribuyéndonos a los impulsores de este proyecto otros intereses o intenciones que no sean estrictamente los de dotar a Castilla y León de un sistema financiero más fuerte, competitivo y comprometido con la Comunidad, y con ello asegurar la solvencia, la actividad y el empleo de nuestras cajas.
Entonces, ¿rechaza que detrás de este proyecto haya un intento de politizar más las cajas de ahorro de Castilla y León?
Por supuesto que lo rechazo. Detrás de esta iniciativa sólo hay el ejercicio de una responsabilidad pública. Que hemos impulsado incluso siendo conscientes del riesgo que se asume y del desgaste que se puede sufrir cuando se plantea un proyecto tan difícil y complejo, al que sabíamos cuantas resistencias se iban a oponer. Es tan fácil como infundado acusar de politizar las cajas a responsables públicos(se le olvida decir que también políticos) que ni hemos estado, ni estamos, ni estaremos nunca en sus órganos de gobierno. Y sorprende que, en algunas ocasiones, esa acusación proceda de políticos que sí están o han estado en ellas.
¿Le parece mal por lo tanto esa presencia de políticos en los órganos de las cajas?
No me puede parecer mal. Los políticos también somos(pero no era un responsable público) hijos de Dios. La ley permite y regula esa presencia. Y además los políticos que están en las cajas representan a instituciones democráticas, por lo que creo que es muy peligrosa la actitud de quienes rechazan aquella presencia o desprecian esta legitimidad, con la que no todos cuentan cuando hablamos de defender el interés general. Cosa distinta es que yo sea partidario de seguir impulsando la máxima profesionalidad en la gestión de nuestras cajas, así como una nítida separación entre las funciones estrictamente ejecutivas de las entidades y las personas que en éstas representan a la sociedad civil y sus instituciones, a quienes debería exigirse, además de cualificación, experiencia y prestigio, un claro compromiso con el proyecto común de Castilla y León. Creo que son cuestiones muy importantes, sobre las que intentaremos alcanzar también los más amplios acuerdos parlamentarios en el proceso de reforma de nuestra Ley de Cajas.
En algunos sectores se ha llegado a hablar de un proyecto impuesto a las cajas. A juicio de sus impulsores, ¿cuál es en realidad el papel que deben jugar las entidades de ahorro en la puesta en marcha de este proyecto?
Un papel principal y protagonista, propio de su autonomía para gobernar cada entidad. Si pedimos respeto para el ejercicio de nuestra responsabilidad en la propuesta que hemos hecho los agentes políticos y sociales de la Comunidad, creo que es fundamental al mismo tiempo garantizar ese mismo respeto a las cajas y a su Federación. PP, PSOE, Cecale y CCOO acaban de firmar un acuerdo en relación con este proceso, en el que se destaca la importancia social y económica que las Cajas tienen para nuestra Comunidad, y desde luego se defiende como bueno el proyecto de integración que está sobre la mesa. Pero en ese mismo acuerdo puede leerse expresamente que en todo caso, deben ser las propias entidades, a través del pronunciamiento de sus órganos de gobierno, las que adopten las decisiones oportunas. Y también se dice que el protocolo de integración, por cierto acordado en su día por los directores de las cajas, tendrá carácter abierto y orientador del proceso. Creo que son declaraciones, junto a otras muchas, que ponen bien a las claras que en este caso ha habido impulso político y social, pero no hay ninguna imposición.
Se acaba de referir al acuerdo político y social firmado ayer. En síntesis, ¿qué piden sus firmantes a las cajas? ¿Y cómo explica que UGT no lo haya suscrito?
Creo que en ese acuerdo se pide algo muy sencillo: que las cajas acuerden comenzar el estudio y trabajo sobre las fórmulas de integración que permitan reforzar nuestro sistema financiero, para que cumpla mejor su función en la Comunidad, y pueda dar las respuestas más adecuadas a la actual crisis económica y financiera. Podemos añadir que también se pide, para el caso de que se rechace abrir ese tiempo de estudio y trabajo, que se dé cuenta y razón de por qué es preferible en esta situación no hacer nada, quedarnos como estamos, y desoír la advertencia de que o nos movemos o nos mueven. En cuanto a la posición de UGT, lamento que finalmente no haya sido posible obtener su apoyo a un texto que tal vez es ya demasiado extenso y que ha costado excesivo tiempo negociar. Pero creo sinceramente que, tanto en la letra como en el espíritu del acuerdo, UGT comparte muchas cosas con los firmantes. Entre ellas la de respetar íntegramente la naturaleza jurídica de las cajas y la de garantizar el mantenimiento del empleo.
¿Y cómo valoraría el hecho de que una o varias cajas dijeran no a seguir avanzando en este proceso?
Eso es mucho especular y creo honestamente que además es ponerse en un escenario de mucha preocupación e incertidumbre, porque considero firmemente que algo hay que hacer, que la respuesta no puede ser un no, y que esto lo comparten muchos conmigo. De nuevo hablaríamos de respeto, pero también de exigencia de responsabilidad y de explicaciones. Decir no supondría privar a Castilla y León de un instrumento financiero que necesita. Esto es especialmente grave y vinculante para quienes desde la militancia política lo primero debe ser siempre el interés de la Comunidad. Por eso anticipo que tampoco vamos a ser neutrales, y no vamos a consentir, la preferencia que algunos expresan en voz baja de buscar alianzas con cajas de otras comunidades. Decir no además exigiría garantizar públicamente que permaneciendo en la situación actual, la caja no va a sufrir ningún deterioro, y al menos mantendrá a medio y largo plazo su actividad, su empleo, su solvencia y su obra social. Todo esto es lo que nos jugamos, y sobre todo esto habrá que ser claros y honestos.
¿Les ha transmitido estas mismas reflexiones a los máximos responsables de las cajas de Castilla y León?
Naturalmente. A lo largo de la pasada semana me reuní individualmente con cada uno de los presidentes de las seis cajas. Les expresé todos los razonamientos que estoy haciendo a lo largo de esta entrevista. Les pedí que elevaran su mirada para dejar atrás el malestar o desacuerdo que hubieran podido producirles determinadas cuestiones de forma o de tiempo en este proceso. Les animé a que examinaran objetivamente, con todos los datos y previsiones disponibles, y con el apoyo insustituible de sus directores y técnicos, la situación actual y el futuro de cada caja, y la necesidad de tomar decisiones, de no quedarse parados, de aprovechar esta oportunidad. Y sobre todo les insté a reclamar su ámbito de respeto y de responsabilidad, precisamente para ponerse a trabajar en el proyecto, para que no se limitaran a presentarlo a sus consejos, sino que fueran líderes de la necesidad y urgencia de tomar las mejores decisiones.(...pero cómo se puede ser tan cínico)
En este sentido, ¿qué opinión le merece que una de las entidades, en concreto, Cajacírculo, haya tomado ya en este momento su decisión, aunque aún no se conozca su resultado?
Ante todo, mi respeto para su autonomía, y mi cariño por viejos y queridos vínculos familiares. Pero aunque no debo ni quiero especular sobre una decisión que no conocemos, sí quiero expresar mi extrañeza por dos circunstancias que han concurrido en la misma. La primera, que la entidad burgalesa no decidiera finalmente trasladar su votación a otra fecha posterior, para coincidir con las otras cinco cajas, y tener así la cortesía de esperar a que se firmara el acuerdo político y social en el que se estaba trabajando. Y la segunda, que haya trascendido, por las informaciones de los medios de comunicación sobre aquella reunión, que entre los argumentos expuestos al consejo de la Caja a la hora de valorar el proyecto de integración, se incluyera el de que éste podría poner en peligro su importante obra social, lo que creo sinceramente que no se corresponde ni con la voluntad de nadie, ni con la letra y el espíritu del proyecto, que precisamente apuesta porque cada caja mantenga su obra social como factor vinculado a su naturaleza y personalidad.
Después de tres meses de debate, con un proyecto de integración que se enfrenta a dificultades importantes, ¿cuál es su estado de ánimo?
Pues mire, tan sereno y convencido como al principio. Hablamos de un proyecto muy importante, diría vital, para el futuro de Castilla y León, en el que está en juego el interés general de la Comunidad, y en el que por encima de éste no reconozco ningún interés particular. Hay que seguir, hay que insistir, hay que trabajar. Es verdad que el sentido de la responsabilidad nos obliga a ser prudentes cuando algunos se empeñan en ser imprudentes. Las cajas siempre necesitarán estabilidad y confianza. Pero hay que ser también firmes a la hora de seguir defendiendo lo que es bueno para todos. No cabe desanimarse por un contratiempo o un paso atrás. Creo que debemos mantener todas las fortalezas del proyecto, entre las que me enorgullece y agradezco especialmente el consenso forjado entre PP y PSOE de Castilla y León, y el claro compromiso de sus principales responsables. Y creo que también debemos corregir sus debilidades, respetando sobre todo el protagonismo de las propias cajas: hay que pedirlas que trabajen, pero hay que dejarlas trabajar. Por último, debemos insistir en la explicación pública de las razones y beneficios del proyecto, para implicar totalmente en éste a más y más sectores de nuestra sociedad. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Pero muchos seguimos diciendo que es necesario.
2.- Los vecinos se manifestarán en contra de privatizar el agua
Canuria dice que se les ha informado de todo este proceso "imprescindible"
Alicia Torres León
La Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño, que engloba a los 23 colectivos vecinales de León, se unirán a la manifestación del viernes en contra de la privatización del servicio de Aguas. Los vecinos mantienen en principio su intención de acudir a esta protesta organizada por la plataforma contra la semiexternalización del agua y que partirá a las 20:00 horas desde Guzmán el 6 de febrero.
La presidenta de la Federación, Ángeles González, explicó tras la reunión mantenida ayer con parte de la Corporación municipal que "de momento, de las 23 asociaciones que conforman la Federación son 18 las que continúan rechazando la privatización". "La Federación se debe a sus asociaciones", apostilla con la ratificación de que una "mayoría aplastante" de los colectivos vecinales continúa rechazando la 'polémica' semiexternalización.
González aseveró que durante el encuentro –que se prolongó durante tres horas– se escucharon las razones esgrimidas por parte del Ayuntamiento para adoptar esta medida de privatizar el agua. Sin embargo, los representantes vecinales subrayan que " agradecemos la información pero si todas estas razones se hubieran facilitado antes, las asociaciones habrían tenido tiempo para asimilar o valorar lo mejor para la ciudadanía".
Por tanto, a pesar de haber mantenido una reunión con el alcalde y algunos concejales (encuentros que son frecuentes), los vecinos continúan adelante con su intención de acudir a la manifestación del viernes como miembros de la plataforma contra la privatización.
La reunión estuvo presidida por el alcalde de León, Francisco Fernández, y contó con la presencia del vicealcalde, Javier Chamorro, el concejal de Participación Ciudadana, Vicente Canuria, de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo y de Urbanismo, Francisco Gutiérrez, entre otros.
Desde el Ayuntamiento informan que según Canuria "los vecinos han salido satisfechos porque han tenido acceso a toda la información sobre la semiexternalización del Agua" y se les ha comunicado cómo se encuentra la tramitación del expediente. El edil revela que "les hemos trasladado que esta operación es imprescindible y se fundamenta en la pérdida del 70% de ingresos". "La medida es necesaria para complementar el Plan de Saneamiento mediante la consecución de 20 millones para pagos de obras y servicios públicos esenciales", añade.
Por último, Vicente Canuria concluye que "evidentemente no es una medida grata pero es la única solución".
04/02/2009
Así lo secundó Ignacio Fernández, integrante de la plataforma en representación de las organizaciones sindicales de León: "Los ciudadanos han sido traicionados por sus gobernantes, que acordaron en la campaña electoral que el servicio de Aguas no se iba a tocar".
Recordó además otras actuaciones que ya se han llevado a cabo en contra de esta medida, como la recogida de 2.000 firmas, la campaña de información, el reparto de propaganda o la "intifada" poética del pasado domingo. "Tenemos tareas hasta parar esta decisión y la vamos a parar. También presentaremos alegaciones y nos seguiremos movilizando", afirmó.
Ignacio Fernández aseguró también que los integrantes de la plataforma se sienten "decepcionados" por parte del equipo de Gobierno municipal ya que pone "en tela de juicio" la eficacia del servicio público frente a la iniciativa privada.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María Ángeles González, indicó que con esta privatización se "hipoteca" un servicio básico que funciona desde hace años para "salvar" la economía municipal. "El que tenga el tubo del agua de la ciudad de León tiene la llave para autorizar más o menos construcción y más o menos industria no sólo en la ciudad de León sino también en el alfoz y hasta puede venderla si la ciudad no la utiliza", puntualizó el representante de las organizaciones leonesistas, Félix Pérez Echevarría, que propuso una gestión del agua pública mediante un consorcio en el que se integre el Ayuntamiento de León, los del alfoz y los polígonos industriales afectados.
En representación de las organizaciones ecologistas, Ángeles Murciego señaló que si se externaliza el servicio habrá actividades empresariales que "sufrirán" las consecuencias como los hosteleros, ya que verán "tarde o temprano" un incremento en las tarifas.
La marcha partirá a las 20.00 horas de la plaza de Guzmán y se dirigirá al antiguo Consistorio, en la Plaza de San Marcelo. Además, está prevista la asistencia de personas de otras ciudades como Avilés que padecen esta misma situación en sus municipios.
Ignacio Fernández subrayó que la Plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua agrupa a la sociedad civil organizada de León, compuesta por los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF, USO, CGT; las agrupaciones políticas IU, PC, PP, Izquierda Republicana y Juventudes Comunistas, así como por la Federación de Asociaciones de Vecinos. Además, forman parte de este movimiento Leonesismo y Sociedad, Ecologistas en Acción, la Asociación Flora Tristán, la Asociación Simone de Beauvoir, Aispaz, la Federación de Asociaciones y Entidades Leonesistas, la Plataforma Leonesa de Afectados por las Antenas, la Alternativa Estudiantil Universitaria y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Del mismo modo, trabajan "activamente" en este objetivo la Asociación 'Aljama' de Puente castro, la Asociación 'Juan Nuevo' de Armunia y la Asociación San Antonio de Padua.
3.- La Junta admite que no dispone de «ningún plan» para proteger el leonés
El artículo 5.2 del reformado estatuto de autonomía ampara su «protección, uso y promoción»
La Consejería de Cultura dice que ya se celebra cada dos años un congreso en la Universidad (!!!!!)
04/02/2009 E. Gancedo
león
Tanto la Consejería de Cultura como la de Educación -"de las que teóricamente debería depender el estudio y protección del patrimonio lingüístico de la comunidad-", apenas tienen nada que decir respecto a un tema regulado y amparado legalmente desde hace un año por el nuevo estatuto de autonomía de Castilla y León.
En concreto, el artículo 5.2 dice textualmente: «El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación».
La realidad es que la Junta, a través de las dos consejerías antes citadas, admite que no dispone de planificación alguna, ni a corto ni a largo plazo, para llevar a cabo precisamente esa labor de «protección, uso y promoción». Así, la Consejería de Cultura respondió a Diario de León que el tema es más bien competencia de la Consejería de Educación y que «el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua también estudia el leonés, dedicando cursos monográficos al mismo», en referencia a las jornadas filológicas desarrolladas en la Universidad en 2006 y en 2008, y que tienen vocación de celebrarse cada dos años.
Desde Educación
En cuanto a la Consejería de Educación, desde su gabinete de prensa se explicó a este periódico que su ámbito de acción es la «educación reglada», por lo que no entran dentro de sus competencias las clases de leonés, optativas, en horario extraescolar, que se están impartiendo actualmente en algunos colegios de la capital; o las clases para adultos que oferta la Escuela de Formación Tradicional de la Concejalía de Cultura Leonesa. Otra cosa sería, aseguraron, «que hubiera los suficientes alumnos como para formar un grupo en la Escuela Oficial de Idiomas».
Pero en cuanto a impartir clases realmente oficiales y curriculares relacionadas con la lengua y la cultura propia, por ejemplo, en los colegios e institutos de las zonas en las que actualmente se sigue hablando esta lengua romance (Cabrera y el Alto Sil, fundamentalmente), desde la Consejería de Educación no lo ven «probable». Una de las razones, según el responsable de prensa, es que el leonés no es una lengua «cooficial». Puso el ejemplo del gallego que se ofrece como lengua optativa en varios centros del Bierzo, y del euskera en Miranda de Ebro, pero distinguió esos casos recordando que se trata de «dos lenguas cooficiales» y de que esa enseñanza se realiza en colaboración con los gobiernos autonómicos de Galicia y del País Vasco, respectivamente.
Desde la Consejería de Educación no se quiso cerrar caminos ni vías de colaboración con ninguna asociación ni institución leonesa, recalcando que el asunto dependería, en gran parte, «de la demanda social». En todo caso, la impresión recibida es que el tema del leonés produce extrañeza, desconocimiento y una cierta incomodidad en las instituciones que gobiernan la tierra leonesa desde su sede central en la ciudad de Valladolid.
| Reportaje | La comparación |
Hasta el aragonés tiene ya su propia academia
El romance peninsular cuya situación sería más similar a la del leonés -"por lo límite de su conservación-", dispone desde el 2006 de un instituto de estudios llamado «Academia del Aragonés»
04/02/2009 E. Gancedo
- Los miembros del primer Consejo de Gobierno de la Academia de l-™Aragonés
- DL
león
En los manuales de lingüística, cuando se aborda el tema de la diferente evolución de los romances peninsulares que surgieron tras la fragmentación del latín, se suele equiparar la situación del leonés con la del aragonés: ambos quedaron recluidos en ciertos valles montañosos y siempre muy estigmatizados a causa de una creciente presión castellanohablante. No obstante, de igual manera que en La Baña o en Teixéu del Sil siguen usando sus respectivas variantes de leonés, en Gistaín o en Hecho la gente mayor continúa usando muchas palabras, giros y formas de la fabla aragonesa.
A pesar de esta similar «situación límite», la movilización social en torno al aragonés ha venido siendo sensiblemente mayor, mucho más intensa y vivida de una manera más entusiasta: asociaciones culturales creadas tanto en las ciudades (Zaragoza, Huesca) como en las localidades donde realmente se conserva; numerosas publicaciones, libros y revistas; congresos y encuentros periódicos; grupos de música folk que usan de forma creativa la lengua patrimonial; festivales; escritores actuales que abren caminos literarios en esa lengua; rescate de documentación histórica en aragonés; recursos en páginas web... algo que contrasta con la reducida movilización social en apoyo al leonés y, por supuesto, su nulo apoyo institucional.
De la misma manera que la Real Academia Galega o el Institut d´Estudis Catalans se encargaron, desde principios del siglo pasado, del proceso de investigación y unificación de las lenguas de estas regiones, en 2006 se creó la llamada Academia de l-™Aragonés, un organismo que, aun sin ser un proyecto directamente emanado del gobierno de aquella comunidad autónoma (puesto que surge de la convergencia de diversas asociaciones culturales), por lo menos sí está llevando a cabo una interesante labor en lo que respecta a la publicación de libros, la organización de congresos y la dirección del proceso de normalización desde un punto de vista puramente filológico.
Aunque el aragonés tampoco es cooficial en aquel territorio, hay que resaltar que allí sí existe una específica Ley de Lenguas que ampara la protección efectiva de cada variedad lingüística (tanto de las diversas variantes aragonesas como del catalán de la Franja) para los lugares en los que realmente se hablan.
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