BOLETÍN DE NUEVAS "L´ACERANDERA" 100209 23/2009

BOLETÍN DE NUEVAS "L´ACERANDERA" 100209                    23/2009

1.- COLLABORADOR DE LA JUNTA BAIXU SOSPECHA

2.- LA GERRA LAS CAIXAS...... agárralu cumu puedas

1.- El juez Baltasar Garzón imputa al empresario leonés José Luis Ulibarri

Garzón enmarca su imputación en el marco de una presunta trama de corrupción relacionada con cargos del PP y el tráfico de influencias

Agencias
10/02/2009

El juez Baltasar Garzón ha imputado al hasta ahora alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP), y a otras 36 personas, entre ellas el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, en relación con la presunta trama de corrupción relacionada con cargos del PP y tráfico de influencias destapada el pasado viernes.

Según elpais.com, otro de los imputados es José Luis Ulibarri, presidente de UFC, que se hizo en 2006 con trece licencias de TDT otorgadas por el Consell. UFC es la rama inmobiliaria del grupo Begar, el imperio de la construcción de este empresario castellano-leonés. El juez le investiga por la adquisición de UFC de una parcela.

Ulibarri irrumpió el año 2006 en el mapa televisivo valenciano. Una de las empresas que dirige, Mediamed Comunicación Digital, se hizo con trece licencias de televisión digital (TDT) otorgadas por el Consell. Mediamed, a través de sus firmas asociadas, consiguió obtener representación en trece de las catorce demarcaciones locales en que se dividió el espacio televisivo valenciano para el reparto de las licencias de TDT.

En 2007, Ulibarri escenificó su buena sintonía con la administración autonómica durante la presentación de Tele 7, el proyecto audiovisual de Mediamed. En el acto celebrado en Feria Valencia, Ulibarri estuvo arropado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por los entonces consellers de Sanidad, Rafael Blasco, de Territorio, Esteban González Pons, de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y el portavoz del Consell, Vicente Rambla. Con todo, la presencia de Ulibarri en la Comunitat Valenciana no se circunscribe únicamente al negocio de la comunicación.

En los últimos años, el empresario de Castilla y León también ha ganado terreno como adjudicatario de obra pública que se licita en la Comunitat Valenciana. Begar Construcciones y Contratas recibió en enero de 2007 la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Llíria, en unión temporal con otra firma, al igual que la construcción del colector norte entre Beniferri y el Parque de Cabecera.

El último movimiento de Ulibarri en el mapa comunicativo valenciano está vinculado a la capital valenciana. En junio pasado, otra empresa controlada por Ulibarri, Producciones Audiovisuales Digitales Alicante, se hizo con el control de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), al comprar el 80% de las acciones a la adjudicataria original, Canal 13.

34 imputados

Dos ex alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, figuran en la lista de 34 nuevos imputados hecha pública hoy en relación con la trama de corrupción y tráfico de influencias que investiga el juez Baltasar Garzón.

Antes de que se conocieran estas imputaciones, desde el PP optaron ya ayer por destituir a estos dos ex regidores, acusados, como el resto de los imputados en esta lista de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

González Panero conocía su imputación un día después de haber visitado voluntariamente a Garzón para aclararle "las dudas" que pudiera tener sobre la investigación y al mismo tiempo que celebraba un pleno extraordinario para formalizar su dimisión, anunciada ayer por el líder del PP, Mariano Rajoy, y a la que el ex regidor se ha resistido durante veinticuatro horas bajo el argumento de no estar imputado. Por el momento será la teniente de alcalde, Belén Húmera, la que asuma provisionalmente el sillón principal del consistorio.

Guillermo Ortega, por su parte, había dejado de ser alcalde de Majadahonda en 2005 y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la dimisión de éste como gerente del Mercado Puerta de Toledo, junto a la del consejero de Deportes Alberto López Viejo, quien no figura en la lista de imputados.

Los 34 nuevos imputados, entre los que también destaca el empresario Álvaro Pérez Alonso, conocido como "el bigotes" y que fue arrestado anoche en Valencia, se suman a los tres detenidos en la "operación Gürtel" que ayer comparecieron ante Garzón, el presunto líder de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Mañana ya han sido citados a declarar tres de estos imputados: Carmen Luis Cerezo, María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía.

Otros nombres de la lista de imputados son los de Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, y Jacobo Gordón Levenfelt, apoderado junto a Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) de la extinta empresa Columela Gestión.

La decisión del magistrado ha despertado las iras del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), que ha asegurado que igual que las bombas de ETA son habituales antes de unas elecciones, "las actuaciones del juez Baltasar Garzón también" lo son.

En respuesta a esta crítica, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, pedía a los dirigentes del PP que desautorizaran a León de la Riva por comparar a Garzón con ETA.

En contraste con las declaraciones del alcalde de Valladolid, la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que se actúe con "toda contundencia" si de las investigaciones de Garzón se derivasen "hechos que van en contra de los criterios y principios" de su partido, "la honorabilidad y la honradez".

Tras los primeros interrogatorios de mañana, a los que les sucederán hasta el 5 de marzo los del resto de imputados, el juez decidirá si acuerda el ingreso en prisión de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez después de haber prorrogado ayer su detención a instancias de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, para practicar diligencias.

Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market.

Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.

El presunto líder de esta trama Francisco Correa era responsable de Special Events, empresa que hasta 2004 organizó eventos para el PP, y que permanece detenido en la prisión de Soto del Real junto a Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999, y Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani.


2.-Cinco de las seis cajas acuerdan iniciar un proceso de consolidación o integración con "premura" para reforzar el sistema

El acuerdo plantea un proceso de consolidación o integración dirigido a adoptar las medidas de reestructuración necesarias para reforzar la solvencia del sistema financiero regional

 

Ical
09/02/2009

Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila han suscrito este lunes un documento en el seno de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León en el que se comprometen a materializar con "premura" un proceso de consolidación o integración dirigido a adoptar las medidas de reestructuración necesarias para reforzar la solvencia del sistema financiero regional. La declaración indica que las entidades suscribirán de forma "inmediata" un acuerdo de confidencialidad para "la puesta en común de la información necesaria", que incluya "un calendario de trabajo" de análisis y negociación que permita cerrar el acuerdo.

Esta decisión supone que los presidentes de las cajas no someterán a sus respectivos consejos de administración el Protocolo acordado por los directores generales el pasado mes de diciembre, si bien entienden que este documento -y el acuerdo político y social firmado en las Cortes- constituyen "un valioso instrumento de trabajo". La decisión contó con el voto en contra de Cajacírculo al entender que ella ya ha sometido el Protocolo a votación y, en principio, ha quedado fuera de la declaración, aunque su presidente se comprometió a estudiarla.

En este sentido, el presidente de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León, José María Arribas, explicó que las entidades, que ahora "toman la iniciativa", defienden que "hay que terminar" con el debate público sobre el tema, ya que "perjudica el normal desarrollo" de su negocio y, sobre todo, "deteriora la confianza" de sus grupos de interés. Asimismo, constató que la palabra "premura" significa "el mejor plazo" que podían darse en estos momentos, ya que las obligaciones con sus clientes, les impiden ser más concretos en la formulación de fechas.

Asimismo, expresó que su declaración no constituye un "paréntesis o alargamiento" del proceso, o que éste comience de "cero", sino "todo lo contrario", ya que se acometerá con "rapidez" y desde la profesionalidad de cada entidad. El también presidente de Caja de Burgos asumió que tanto el desarrollo técnico del protocolo de integración pactado entre los directores generales de las cajas, como el acuerdo político, constituyen documentos que respetan y que consideran "un valioso instrumento de trabajo". "Nuestro compromiso con la región exige escuchar las opiniones de los distintos grupos de interés a la hora de tomar decisiones de trascendencia", leyó al alto ejecutivo.

Declaración política

A pesar de ello, Arribas concretó que las cinco cajas manifiestan que no es "conveniente ni oportuno" someter a sus consejos de administración el Protocolo para la integración ni ya que su "indefinición" les hubiera conducido a un escenario "irreversible y desconocido", enfatizó. Frente a esto, las cajas, dijo, tomarán ahora la iniciativa, lo que supone "un paso de mayor compromiso y profesionalidad". Asimismo, aclaró que Cajacírculo, votó en contra del texto, al haber sometido ya a su Consejo de Administración el Protocolo, aunque aclaró que sus representantes se llevaron la declaración, para su estudio interno por parte de la entidad.

Además, recordó que los órganos de gobierno de las cajas, sólo podían haber tomado una decisión sobre el protocolo técnico, si éste hubiese estado rigurosamente documentado, ya que requería estudios, análisis y evaluaciones de impacto complementarias y negociaciones reservadas y secretas al "requerir la puesta en común de información financiera sensible".

Colaboración

José María Arribas precisó que en su compromiso para la búsqueda de los mecanismos más adecuados y previstos en la normativa bancaria para reforzar el sistema financiero regional, contarán con el apoyo de la Junta, el Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Asimismo, insistió en que este compromiso debe compatibilizarse sin interferir la "obligada atención prioritaria que precisan, especialmente en este momento económico, las familias, las empresas y toda la sociedad castellana y leonesa.

Arribas manifestó que abordan este nuevo proceso "desde el seno de las propias cajas y con la perspectiva exclusivamente profesional", que es como consideran que se deben formalizar estas actuaciones. "Y, además, queremos hacerlo desde la más absoluta independencia, teniendo siempre claro que nuestro objetivo debe ser la viabilidad a largo plazo, que es nuestra mejor contribución al desarrollo y bienestar económico de la sociedad de Castilla y León", agregó.

El presidente de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León recordó que durante los últimos meses tanto el Gobierno regional, como el PSOE, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones y cajas, han realizado "muchos esfuerzos" para encontrar una solución que contase con el consenso de las cuatro vertientes implicadas en el proceso: política, empresarial, financiera y social. Al respecto, remarcó que hubiera sido "imprescindible" que el consenso institucional se hubiera trasladado al mismo tiempo al de las cajas. "Si este proceso hubiera respondido a una iniciativa surgida en el seno de las propias cajas, se habría facilitado el más amplio acuerdo dentro de los órganos de gobierno, evitando así las incertidumbres y posiciones encontradas que se han generado en estos meses entre nuestros clientes, plantillas y sociedad en general".

Contexto de crisis

José María Arribas trasladó que las cajas que suscriben el documento aceptan que la tendencia a la integración y a la consolidación es "una de las principales reformas que es preciso acometer en todo el sector" ante la crisis. "Existe un consenso general sobre esta tendencia", indican, y agregan que la iniciativa de PP y PSOE de poner encima de la mesa un modelo de integración "responde a una preocupación fundamental del papel de sistema financiero regional en el nuevo contexto económico".

En este contexto, las cajas aceptan este consenso, "reconociendo que el momento recomienda adoptar medidas con grandes dosis de imaginación e innovación" que permitan garantizar la solvencia financiera de las entidades, su acceso a los mercados internacionales y reestructurar sus negocios para mantener, e incluso mejorar, la viabilidad en el largo plazo y la competitividad que les ha caracterizado hasta ahora al servicio de las familias y de las empresas.

Villanueva: "Un avance importante"

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, ha asegurado que el documento suscrito por Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila en el seno de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León en el que se comprometen a materializar con "premura" un proceso de consolidación o integración, constituye "un avance importante" en el camino para lograr fortalecer el sistema financiero regional. Villanueva explicó al término del encuentro de la Federación, en la que la Junta participa con voz pero sin voto, que hubiese deseado "más concreción" en algunos conceptos, aunque sustanció que las cajas asumen el "liderazgo" para trabajar en un proyecto de consolidación o integración, con la firma de inmediato de un acuerdo de confidencialidad.

Al respecto, explicó que "es importante" dejar trabajar a las entidades "internamente" y explicó que el Gobierno regional seguirá estas negociaciones, e informará del contenido del acuerdo alcanzado hoy tanto a los grupos políticos como a las organizaciones sociales, y al Banco de España.

PSOE: Apoyo a un proyecto de Comunidad

El PSOE de Castilla y León valoró hoy que la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León lidere el nuevo proceso de consolidación o integración de las entidades financieras de la región, un modelo que apoyará siempre que sea un proyecto de Comunidad y cuente con el visto bueno del Banco de España. Así lo explicó el secretario de Organización de los socialistas, Pedro Muñoz, tras conocer que cinco de las seis entidades rubricaron un documento en el que se comprometen a materializar con premura un proceso para reforzar la solvencia del sistema financiero regional. Cajacírculo votó en contra del texto, al haber sometido en Consejo de Administración el protocolo de integración.

Muñoz consideró el acuerdo alcanzado hoy en la Federación como un avance y declinó calificarlo como un fracaso político, ya que las cajas han valorado el trabajo "liderado por las fuerzas políticas" y al que se sumaron los agentes políticos y económicos. Se planteó un proceso "razonable y razonado y se asumido por las cajas" en una reunión de la Federación anterior que derivó en la redacción del protocolo, recordó.

"La semana pasada se firmó el acuerdo político en las Cortes" y, un día antes, relató, el secretario de los socialistas, Óscar López, pidió que continuara el proceso, que no cayera en vía muerta y se avanzara hacia un sistema financiero "pujante, con características de unidad, que respetara el estado y la naturaleza de las cajas, que mejorara su obra social y garantizara el empleo". "El convenio de hoy asume algo razonable y creemos que es un avance", sentenció.

Muñoz explicó que desde el PSCyL-PSOE dan la "confianza" en el proceso que solicitan los presidentes de las cajas, pero piden que no suponga un "tiempo muerto" y se pongan a trabajar. "Nos parece que el proceso se ha liderado más desde el ámbito político y los agentes sociales", añadió, para indicar que entienden que el futuro de las cajas esté en manos de éstas.

"Les damos nuestra confianza, les ofrecemos el trabajo desarrollado de consenso con la Junta, en el que nos hemos sentido cómodos. Ahora les corresponde a las cajas seguir adelante", añadió el secretario de Organización del PSCyL-PSOE, para insistir en sus dos condicionantes. "Nos valdrá un proceso que cuente con el sí del Banco de España y nos valdrá un proyecto de Comunidad". En este sentido, explicó que los socialistas apoyarán un proceso de reorganización que incluya "a la inmensa mayoría de las cajas" y que tenga representación en todo el territorio.

Integración o consolidación

Por lo que respecta a la posibilidad de avanzar ahora no ya hacia un modelo de integración, el propuesto hasta la fecha, sino hacia una consolidación, Muñoz dijo que su formación no está "para forzar nada". En el mismo sentido se pronunció sobre la posibilidad de crear un sistema institucional de protección (SIP). "Apoyaremos un proyecto de Comunidad y que le valga al Banco de España", reiteró.

Finalmente, preguntado por la posibilidad de que las cajas comiencen a negociar con entidades de fuera de Castilla y León, Pedro Muñoz fue tajante. Dijo que no lo apoyarán, como tampoco lo hará el Partido Popular, según avanzó hace una semana el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, institución sobre la que recae el protectorado de las cajas. "Creemos en el proyecto regional, en el proyecto autonómico", finalizó el secretario de Organización de los socialistas.